origen de la imagen：https://laist.com/news/housing-homelessness/judge-blasts-la-homeless-spending-as-a-train-wreck-and-threatens-to-seize-control
Un frustrado juez federal el jueves criticó a los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles por no rastrear adecuadamente miles de millones en gastos relacionados con la falta de vivienda, y pidió una auditoría forense para investigar posibles fraudes y desperdicios.
También amenazó con nombrar a un receptor ordenado por el tribunal para tomar control del gasto.
En una audiencia en el centro de L.A., el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., David O. Carter, reunió a un grupo destacado de altos funcionarios, incluyendo a la alcaldesa Karen Bass, al presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, a la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de L.A., Kathryn Barger, y al controlador de la ciudad, Kenneth Mejia.
El juez se centró en una auditoría reciente que supervisó, la cual encontró fallas importantes en el rastreo de más de $2 mil millones del gasto en la falta de vivienda de la ciudad y en la responsabilidad de los contratistas.
Esto ocurre tras múltiples auditorías a lo largo de muchos años con hallazgos similares, según los registros que Carter mostró en la corte.
“Este es un desastre inminente”, dijo Carter a los altos funcionarios de la ciudad y del condado.
Críticas a LAHSA
La Agencia de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) estaba en la parte superior de la lista de preocupaciones de Carter.
Señaló auditorías de años que se remontan a 2007, 2019, 2021 y este año sobre la agencia a la que la ciudad ha estado enviando gran parte de su dinero para servicios a personas sin hogar: LAHSA.
Todas esas revisiones encontraron que la agencia no logró rastrear adecuadamente el dinero ni garantizar que se gastara adecuadamente, dijo.
“Nadie está preguntando a nuestros proveedores qué hicieron o qué servicios realizaron”, señaló el juez, señalando los hallazgos del informe de auditoría publicado este mes.
Esa auditoría revisó aproximadamente $2.4 mil millones gastados por la ciudad durante un período de cuatro años que terminó el verano pasado, que incluye el primer año y medio de la administración de Bass.
Encontró que LAHSA ha hecho imposible rastrear con precisión el gasto en la falta de vivienda, en gran parte por no recopilar datos precisos sobre sus proveedores y no hacerlos responsables.
Críticas a Bass
Bass también fue criticada por su negativa a permitir que Mejia, el controlador de la ciudad, auditara la iniciativa Inside Safe de la alcaldía.
“Amigos, tienen que resolver esto, o de lo contrario el tribunal intervendrá”, dijo Carter a Bass y a otros funcionarios.
La posición del abogado de la ciudad es que la carta de la ciudad “prohíbe al controlador auditar Inside Safe sin el consentimiento de la alcaldesa.”
Esa posición ha sido disputada por el controlador y el presidente del comité que redactó el lenguaje de la carta.
El lenguaje en la carta de la ciudad establece que los poderes del controlador incluyen llevar a cabo “auditorías de desempeño de todos los departamentos” y “auditorías de desempeño de programas de la ciudad.”
Bass le dijo a Carter que no consiente la auditoría del controlador a los programas bajo su oficina porque no sería consistente con la carta, y considera que no es correcto que un funcionario electo audite a otro.
Bass agregó que hay mucho más que la ciudad debe hacer en relación a la falta de vivienda.
“Pero debe enfocarse en las personas y en lo que necesitan, y no en la administración”, dijo.
Carter no estaba satisfecho: “Nosotros pagamos sus cuentas. Resuelvan esto.”
Si la alcaldesa no llega a un acuerdo voluntario que permita la auditoría de programas bajo su control, incluida Inside Safe, Carter dijo que consideraría una solicitud para nombrar a un receptor para hacerse cargo del gasto en la falta de vivienda de la ciudad.
Próximos pasos
Carter está dando a los funcionarios hasta mayo para tomar una serie de decisiones, incluyendo si Bass permitirá auditorías externas de Inside Safe, antes de decidir si nombrará a un receptor para hacerse cargo del gasto de la ciudad en la falta de vivienda.
Reconoció los esfuerzos de la alcaldesa y otros funcionarios electos, a quienes dijo haber heredado un “desastre” de décadas de fallos para garantizar la responsabilidad.
Pero la responsabilidad de solucionarlo ha recaído en ellos, dijo.
“Soy su peor pesadilla”, les dijo el juez a los funcionarios.
“Puedo hacerles la vida miserable.”
El contexto
La explosiva audiencia se produce mientras los funcionarios de la ciudad y del condado consideran si terminarán su financiación de LAHSA.
Los supervisores del condado tienen programada una votación el martes sobre si hacerlo.
Y el Concejo Municipal de L.A. votó recientemente para explorar la idea, que Bass ha dicho que se opone.
LAist también ha informado sobre una violación ética en la agencia involucrando a la alta ejecutiva de LAHSA, Va Lecia Adams Kellum, quien firmó un contrato de $2.1 millones con el empleador de su esposo, a pesar de haber dicho previamente que había seguido las reglas de conflicto de intereses que prohíben su participación.
Su esposo es el director de cumplimiento del proveedor.
LAHSA finalmente pagó alrededor de $1.7 millones bajo ese contrato de un año, sin informes sobre el desempeño del proveedor o la conformidad con el contrato.
