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San Diego – Un hombre de San Diego deberá devolver casi $3 millones obtenidos en préstamos pandémicos después de declararse culpable. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California anunció el jueves que Alejandro González, de 35 años, se declaró culpable de varios cargos relacionados con fraude y robo de identidad.
González admitió haber presentado solicitudes fraudulentas para obtener préstamos bajo los programas de Protección de Cheques de Pago y Emergencia Económica que fueron implementados para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.
Según los documentos presentados ante el tribunal, González utilizó identidades robadas de otras personas para presentar solicitudes de préstamos en nombre de varias empresas ficticias. Por medio de esta artimaña, González logró obtener 14 préstamos por un total de $2.9 millones.
Sin embargo, las autoridades pronto descubrieron el fraude y arrestaron a González en marzo pasado. Durante la investigación, los investigadores encontraron varias pruebas y evidencias que respaldaron los cargos en su contra.
Como resultado de su declaración de culpabilidad, González deberá restituir la cantidad total de dinero obtenida fraudulentamente y enfrentar hasta 30 años de prisión. Su sentencia final se dará a conocer en una audiencia programada para febrero del próximo año.
La directora interina de la Oficina de Proyectos Especiales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Sandra Palmer, enfatizó la importancia de perseguir y castigar a aquellos que abusan de los programas de ayuda en tiempos de crisis.
“Este caso demuestra claramente que aquellos que roban los fondos destinados a ayudar a los necesitados durante una emergencia serán perseguidos y responsabilizados”, afirmó Palmer.
Este caso destaca la importancia de salvaguardar los programas de ayuda económica durante situaciones de crisis, y la necesidad de una mayor vigilancia para prevenir el abuso y la estafa. Las autoridades continuarán trabajando para identificar y procesar a aquellos individuos que intenten obtener beneficios de manera fraudulenta, aumentando la confianza en los programas destinados a proteger a las empresas y trabajadores afectados por la pandemia.