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James Bracken, excontratista de Hallsdale–Powell Utility District y residente de Knoxville, Tennessee, se declaró culpable el jueves ante un tribunal federal por haber admitido haber recibido beneficios económicos ilícitos mientras trabajaba en un acuerdo de construcción con la mencionada empresa.
Bracken, de 58 años, aceptó su culpabilidad ante la jueza Lisa Noland en relación con su papel en un esquema ilegal en el que había aceptado sobornos por un valor superior a los $250,000. Estos sobornos provenían de un contratista no identificado a cambio de un contrato de construcción en el distrito de servicios públicos de Tennessee mencionado anteriormente.
Según los registros judiciales, desde 2017 hasta 2021, Bracken y otros colaboradores estuvieron involucrados en el desvío de fondos destinados a proyectos de construcción. Estos desvíos tenían el objetivo de financiar sobornos y ofrecer beneficios económicos indebidos.
El acuerdo de soborno se basó en un sistema de facturación falso, en el que Bracken y sus cómplices emitían facturas infladas por los servicios de construcción. Los fondos adicionales generados eran utilizados posteriormente para el pago de sobornos y otros gastos personales.
La investigación federal sobre este caso estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de la Marina de los Estados Unidos. El enfoque principal de estas investigaciones fue descubrir y desmantelar esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios públicos, contratistas y empresas contratadas por agencias gubernamentales.
Enfrentando hasta 20 años de prisión por conspiración, Bracken también deberá pagar una multa de hasta $250,000. Su audiencia de sentencia está programada para el 20 de enero de 2023.
El impacto de estas acciones ilegales en los contribuyentes y en el proyecto de construcción de servicios públicos afectados aún se desconoce. Sin embargo, este caso resalta la necesidad de una supervisión rigurosa y una investigación minuciosa para prevenir y castigar la corrupción en el ámbito público.
